Los
derechos humanos otra víctima del 11 de septiembre
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Los derechos humanos en todo el mundo han sido otra de las bajas
de la guerra de Estados Unidos "contra el terrorismo"
desde el 11 de septiembre.
En los 12 meses transcurridos desde que extremistas islámicos
estrellaron aviones secuestrados en Washington y Nueva York, con
un saldo de unos 3.000 muertos, muchos gobiernos occidentales se
han armado de mayores poderes de arresto y reducido los derechos
judiciales de los detenidos en la investigación de cómplices.
La persecución de la red Al Kaidah del disidente saudita
Osama bin Laden, acusada de planear los atentados, también
ha provocado medidas contra la inmigración y los inmigrantes,
y más disposición a expulsar a los que no son ciudadanos,
dicen los activistas de derechos humanos. A algunos países
que ya enfrentaban su propia violencia extremista o simplemente
una oposición política indeseada, la reacción
internacional a los ataques del 11 de septiembre les ofreció
la excusa perfecta para redadas internas.
En algunos casos esto ha venido aparejado de nuevas leyes, pero
en la gran mayoría de los casos se han aplicado las leyes
existentes con un nuevo vigor. Con las ansias de Estados Unidos
para formar la coalición internacional más amplia
posible, primero para luchar contra el Talibán en Afganistán,
donde se refugiaba Bin Laden, y después para mantener su
guerra contra el terrorismo en otros frentes, ha habido un acuerdo
silencioso de no criticar a los aliados potenciales, dicen los activistas.
"No hay dudas de que después del 11 de septiembre los
asuntos de seguridad se han hecho primordiales", dijo Reed
Brody, director de casos especiales de Human Rights Watch.
"En país tras país hemos observado un reforzamiento
de la seguridad y las leyes de inmigración, y hemos visto
el estandarte contra el terrorismo levantarse como pretexto para
reprimir a la oposición interna", añadió.
"Los derechos humanos han sido un gran perdedor".
EU, bajo fuego
En Estados Unidos, cientos de personas, oriundas en su mayoría
del Oriente Medio, fueron detenidas cuando las agencias de policía
perseguían a cualquiera con posibles vínculos con
los secuestradores del 11 de septiembre. Las autoridades se han
negado a dar sus nombres o decir con exactitud cuántas personas
fueron arrestadas, alegando que tal información podría
afectar sus investigaciones.
"En algunos casos, el Departamento de Justicia pasó
por alto los procedimientos regulares para mantener detenidos a
los que no eran ciudadanos (...) una práctica que equivale
a una "detención preventiva" ilegal", dijo
un informe de Human Rights Watch en agosto. Declarándose
en estado de guerra, el gobierno del presidente George W. Bush propuso
también tribunales militares especiales para juzgar a los
presuntos "terroristas".
El anuncio desató una ola internacional de denuncias en
que muchos juristas argumentaron que tales cortes violaban las convenciones
internacionales. Nadie ha sido presentado aún ante un tribunal
militar y la única persona actualmente procesada en Estados
Unidos por su presunta participación en el 11 de septiembre,
el ciudadano francés Zacarias Moussaoui, es juzgado en una
corte regular.
Mal ejemplo
Washington también chocó con protestas por su negativa
a otorgar la condición de prisioneros de guerra a los miembros
del Talibán capturados, muchos de los cuales son retenidos
en una cárcel especial en la Base Naval de Guantánamo,
en Cuba.
Para los miembros de Al Kaidah, la Convención de Ginebra para
tiempos de guerra no se aplicó en nada, incluso cuando fueron
capturados en batalla, una interpretación de los tratados que
puso en conflicto a Estados Unidos con la Cruz Roja
Internacional.
Muchos estados occidentales, entre ellos Australia y miembros de la
Unión Europea, reaccionaron al 11 de septiembre con mayores
controles a la inmigración después de pruebas que sugirieron
que los secuestradores se movieron libremente por Europa y Estados
Unidos. Algunos, como Gran Bretaña, aprobaron leyes especiales
contra el terrorismo para ampliar los poderes de la policía
y detener casi indefinidamente a ciudadanos extranjeros sospechosos
de estar involucrados en terrorismo.
El problema, según los activistas de derechos humanos, es el
ejemplo que se sienta para otros estados cuyos historiales de derechos
humanos han sido objeto de escrutinio internacional.
"Le da una cierta cubierta a otros", dijo una representante
de las Naciones Unidas que pidió no ser identificada. En un
sitio en la Internet llamado "Oportunismo a la luz de la tragedia",
Human Rights Watch lleva la cuenta de los estados (como Australia,
Malasia y Zimbabwe) a los que acusa de escudarse en el 11 de septiembre
para intensificar los ataques a los opositores políticos y
reforzar las medidas contra los inmigrantes.
La representante de la ONU dijo que países como Egipto y Yemen,
que desde hace mucho recurren a cortes militares para juzgar a opositores
civiles, ahora parecen sentirse libres de intensificar sus usos.
"La sensación es que todo lo que hay que decir es que
se está combatiendo el terrorismo y uno puede esconderse tras
el eslogan", dijo el representante.
De la vista gorda
Los activistas de derechos humanos apuntan a Rusia y China, que han
sido criticados en el pasado por Occidente, Rusia por sus políticas
en la región separatista de Chechenia y China por su tratamiento
del Tíbet y las minorías religiosas y musulmanas.
Pero en la sesión de este año en Ginebra de la Comisión
de Derechos Humanos de la ONU, Rusia emergió sin cicatrices,
a pesar de un informe muy crítico sobre Chechenia de la Alta
Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Mary Robinson.
Sobre China ni siquiera se debatió. "Actualmente las medidas
(en China) son extremadamente duras y al mismo tiempo uno no escucha
las mismas preocupaciones", dijo la representante de la ONU.
"Tomar medidas para combatir el terrorismo no es nada nuevo.
Las medidas siempre existieron y siempre presentaron problemas para
los derechos humanos", agregó. "Sin embargo, el problema
se ha intensificado. Septiembre 11 dio una especie de legitimidad.
Donde los estados antes criticaban ciertas medidas ahora encontramos
un tipo de tolerancia".
EL COLOMBIANO | Reuters |