A pesar de los éxitos que pueda proclamar, la campaña antiterrorista estadounidense que comenzó hace un año ha producido significativos daños colaterales en las libertades civiles en todo el mundo, aseguran los grupos de derechos humanos.

Según los grupos, los gobiernos, a menudo siguiendo el ejemplo de Estados Unidos tras los ataques del pasado 11 de septiembre, han utilizado la guerra para justificar abusos que van desde la detención de personas sin ser acusadas, hasta la persecución de la disidencia y de los inmigrantes.

"Virtualmente cada dictador alrededor del mundo ha tratado de saltar en la carreta con variados niveles de éxito", dijo Tom Malinowksi, del grupo Human Rights Watch (HRW) en Washington. Los grupos están más preocupados aun por la tendencia en Estados Unidos, donde hasta 1.200 extranjeros han sido detenidos desde los ataques -además de los 560 prisioneros detenidos en la base de Guantánamo, en Cuba- y las autoridades buscan someterlos a Consejos de Guerra.

Que tales medidas se evalúen en un país considerado paradigma de las libertades civiles envía mensajes erróneos a otros regímenes menos democráticos, que podrían verse con mano libre para aplicar severas restricciones a sus ciudadanos, sostienen los defensores de los derechos humanos y civiles.

Más aun, temen que Estados Unidos haya hecho la vista gorda a las violaciones de tales derechos a cambio de apoyo a la campaña antiterrorista y a la persecución de Osama Bin Laden y la red Al Qaida. Ya no se escuchan críticas contra la brutal guerra de Rusia contra los separatistas chechenos, contra la campaña China contra los Uighurs en la región de Xinjiang o contra los separatistas musulmanes en Uzbekistán.

También se le ha bajado el perfil al desempeño en materia de derechos humanos en Indonesia o a la represión contra los opositores políticos en Malaisia. Malinowksi sostuvo que "parece que existe un lugar en donde la guerra triunfó sobre las preocupaciones estadounidenses del pasado sobre los derechos humanos".

Ya sea adoptando nuevas leyes o implementando la puesta en vigor de las ya existentes, diferentes países han justificado sus acciones bajo el manto de la denominada "guerra contra el terrorismo". En Zimbabue, el presidente Robert Mugabe calificó a seis periodistas extranjeros como "terroristas"; en Israel, el primer ministro Ariel Sharon se refiere constantemente al presidente palestino Yasser Arafat como "nuestro Bin Laden".

Hasta Gran Bretaña, con una vasta tradición democrática, se hundió en un polémico debate sobre una ley que permitía detener indefinidamente y sin ser acusados a los extranjeros sospechosos de terrorismo, que luego fue rechazada por un tribunal. "No vemos un estado de emergencia nacional inminente o extremo que justifique encarcelar a la gente sin acusaciones o juicio, no por algo que hayan hecho, sino por algo que alguien piense que pueden hacer", dijo John Wadham, líder del grupo británico de defensa de los derechos humanos, Liberty.

La Organización Árabe de Derechos Humanos, en su último informe anual, condenó a algunos Estados árabes por lo que denominó como "restricciones a las libertades públicas con el pretexto del combate contra el terrorismo". El informe indica, por ejemplo, que en Egipto se aumentaron las detenciones de militantes islámicos desde el pasado 11 de septiembre, y que en Libia, Túnez, Siria, Irak y Jordania se han empezado a utilizar tribunales especiales o militares.

Los activistas de derechos humanos indios también han criticado la nueva Ley de Prevención de Terrorismo (POTA), que da a la Policía amplios poderes para interceptar comunicaciones y detener a sospechosos por 90 días sin juicio. Ahsan Untoo, quien dirige el Frente de Derechos Humanos en India, dijo que la ley ha sido "negligentemente utilizada" en el disputado territorio de Cachemira, donde los indios combaten a los militantes que aseguran están respaldados por Pakistán.

"Hay gente que ha sido fichada en Cachemira bajo pretextos insignificantes por la POTA", dijo Untoo, "incluso residencias de civiles inocentes han sido selladas bajo la nueva ley". Defensores de los derechos humanos en Pakistán, uno de los principales aliados de Estados Unidos en la campaña antiterrorista de este país, están alarmados por el alto número de detenciones supuestos militantes sin pruebas u órdenes de arresto, y por su encarcelamiento sin acusaciones.

Afrasiab Jattak, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Pakistán, dijo que una de sus mayores preocupaciones es la entrega de 400 a 500 extranjeros árabes para su custodia a Estados Unidos y a otros países. "Todos fueron entregados a Estados Unidos sin el proceso legal. No ha habido un sólo caso en donde se haya observado el debido proceso en los tribunales", dijo Jattak.

EL COLOMBIANO | AFP